Desmontes: "Mas que una inspección se hará un seguimiento", dijo el sub secretario Miguel Brunswing

Tras la orden dada por el gobernador Jorge Capitanich, la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia prepara los instrumentos legales para suspender por 60 días los permisos de desmontes en el Chaco. Otro de los ejes decididos en esa reunión será el seguimiento de los permisos otorgados y la recorrida por algunas zonas donde la organización denunció desmontes ilegales.

“Es una decisión política y estamos preparando el instrumento legal”, confirmó el subsecretario de Recursos Naturales, Miguel Brunswig, al dar cuenta de los temas abordados en el encuentro del que participó junto al gobernador, y del que también fueron parte el ministro de Producción, Enrique Orban, y el director de Bosques, Miguel Ángel López.

Recordó luego que los representantes de Greenpeace llevaron a la reunión con Capitanich imágenes de desmontes mal hechos. “Lo que nosotros les cuestionamos es que deben decir el lugar, para ir a chequear y constatar si fue un desmonte ilegal o si fue un desmonte autorizado por nosotros y que la gente no aplicó la norma”, señaló el funcionario.

Por eso aclaró que “más que una inspección será un seguimiento”. “De lo contrario, estamos hablando en el aire. No sabemos si esas imágenes son de Chaco, Formosa o Salta porque no están marcadas por puntos georreferenciales”, resaltó en declaraciones a Radio Universidad.

“Salida inteligente”

Brunswig ponderó así la “salida inteligente” que generó el mandatario al abrir una instancia de negociación y colaboración gobierno-Greenpeace. “Por un lado, les vamos a mostrar las autorizaciones que estamos haciendo de acuerdo con la ley, normas y procedimientos. Y vamos a incorporar a gente del INTA y de las universidades para que sea una comisión lo más democrática posible”, adelantó.

Este grupo recorrerá áreas puntuales y buscará verificar las fotos presentadas por la organización ecologista. “Nos interesa que la conformación del grupo sea bien transparente y participativa, con lo que seguramente intervendrán los medios de comunicación”, adelantó el subsecretario. “Estamos analizando y haciendo contactos para definir a quiénes invitamos”, señaló.

En otro punto, Brunswig destacó el “muy buen sistema” para controlar cada zona con imágenes satelitales. “Se lo ofrecimos a Greenpeace hace un año, pero ellos tienen sus opciones y su negocio”, afirmó y agregó: “Es un importante dar una señal de apertura y de diálogo para realmente poder convencerlos y que se saquen las dudas”.

Asimismo, reveló que fueron autorizadas para desmonte unas 15 mil hectáreas, con máximos de 300 hectáreas por campo. “Aparte, les vamos a mostrar campos que hemos visitado con 15-20 años de silvopastoril que están perfectos”, sostuvo.

La zona amarilla

Brunswig reconoció que los términos de la reunión concretada en Casa de Gobierno el pasado jueves fueron “bastante duros”, porque tanto el gobierno como Greenpeace defendieron y mantuvieron sus posturas sobre la interpretación de las leyes 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y 6.409 de clasificación de las zonas en áreas rojas, verdes y amarillas.

“Para nosotros, en la zona amarilla tanto la ley provincial como la nacional permiten el trabajo silvopastoril. Conceptualmente decimos que no es un cambio de uso de suelo y, por lo tanto, no es un desmonte”, afirmó. La visión de la organización ecologista es exactamente la opuesta.

Según el concepto, las áreas verdes son zonas donde es posible desmontar para hacer agricultura. “Técnicamente se denomina cambio de uso del suelo”, recordó el funcionario. En cambio, en las zonas amarillas no está permitido el desmonte y sólo puede autorizarse una práctica silvopastoril. “Es una limpieza del sotobosque para que emerjan especies de plantas y a su vez sea posible la actividad ganadera”, repasó.

Finalmente, Brunswig se refirió a los mecanismos de penalizaciones más severas que propiciará el gobierno, tanto desde el punto de vista del código de procedimiento penal y eventualmente en el código de faltas. El objetivo es establecer sanciones más duras para la identificación de las acciones depredatorias del bosque, vinculadas con el desmonte ilegal. “Es una decisión hacer algunos ajustes porque estamos permanentemente secuestrando topadoras que a las dos horas son liberadas”, lamentó.