El Director de Bosques dio precisiones sobre el veto a la Ley 7775 que prohíbe la explotación forestal en tierras reservadas
“La Ley 7775, ahora vetada por el Gobernador iba en contra
de Tratados Internacionales, tratados de raigambre constitucional y en tal
sentido la Provincia del Chaco podía quedar expuesta a futuro a distintos
juicios”, dijo Emanuel Carrocino, Director de Bosques de la Provincia del Chaco.
Junto al Subsecretario
de Recursos Naturales Luciano Olivares, el Director de Bosques Emanuel Carrocino, concurrieron días pasados a la Comisión de
Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para manifestar su postura acerca
de la sanción de la ley 7775 autoría del diputado Orlando Charole que prohíbe
en tierras reservadas a los pueblos indígenas la explotación forestal por 4
años y que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
“En esa oportunidad expusimos nuestras razones que derivaron
en el veto de la mencionada ley por parte del Gobernador de la Provincia y los motivos
estaban relacionados con cuestiones legales como por ejemplo de que antes de la sanción de esta Ley no se había
realizado ningún tipo de consulta a las
comunidades en sí, no estaba acreditada
ninguna consulta pública, ninguna audiencia pública y nada que acredite el
pedido de estas comunidades”, explicó el Director de Bosques. Agregó además que
dicha ley generaba ir en contra de Tratados
Internacionales, Tratados de raigambre Constitucional la provincia del Chaco
podía someterse a distintos juicios”. Recordó Carrocino que esta ley prohibía por cuatro años
todos tipo de trabajo forestal. “Pero desmontes en lo que es tierra aborigen o
asociaciones comunitarias no se da mucho, lo que si se da es corte de madera”
explicó el funcionario.
Otro problema
Por otro lado dijo el Director de Bosques que la mencionada
ley tenía otro problema y era que en todo lo que sea sanción al régimen forestal se aplicaba el decreto
216/09, pero esta normativa ya no tiene
vigencia en la provincia, fue reemplazada
inclusive hay una ley la Nº 7153 que establece el régimen de sanciones
al régimen forestal. “Estas fueron las dos
grandes cuestiones que vimos en materia legal en la ley y luego una relacionada con lo social
y económico ya que de esa zona está saliendo casi todo el algarrobo que va a Machagai, aproximadamente entre el 35 al
40% lo que produciría un desabastecimiento de materia prima para la industria del mueble”.
Tras el veto de esta
ley, la idea es trabajar en conjunto, todas las partes para buscar una forma para que se pueda aprovechar el
recurso pero de una manera sustentable, “ese es el fin porque prohibir por prohibir
implica más ilegalidad, implica más gasto para el Estado porque tiene que
contratar a más personas para hacer controles, implica un gasto fuerte del
estado. Esta le tenía como positivo que exceptuaba a las comunidades, es decir
que los aborígenes si podían aprovechar el recurso, transformarlo dentro de ese
territorio pero esas comunidades hoy por hoy no tienen infraestructura”.
